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Los antecedente legales de la justicia electoral en el Estado de México, encuentran su origen en la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del Estado Libre, Independiente y Soberano de México, que en el año de 1824 estableció la facultad del Prefecto para conocer sobre los recursos o dudas que ocurrían en las elecciones de Ayuntamiento, dentro de un término de ocho días a partir de la publicación de la elección. En virtud de este ordenamiento, el Prefecto tenía la facultad de resolver sobre la legalidad de la elección, toda vez que su figura estaba considerada como la de un Jefe Político que tenía potestades para ejercer la función jurisdiccional, con lo que vinieron a sentarse las bases de un andamiaje legal que ha ido evolucionando con el paso de los años.

Tres años más tarde, en la Constitución del Estado de México de 1827, el espíritu del constituyente de la época plasmo en su artículo 79 que una vez instaladas las juntas, que hoy conocemos como casillas electorales, el Presidente debía preguntar si alguien tenía queja sobre cohecho o soborno para que la elección recayera en determinada persona y en ese supuesto se procedía a justificar su dicho y de resultar cierta la acusación a los culpables, se les privaba del voto activo o pasivo. Pero no es sino hasta la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas y Municipales del Estado de México (1871) cuando comienzan a señalarse las causas de nulidad para los votos individuales, para votaciones verificadas en secciones y para los actos de computación de votos. La misma ley contemplaba la existencia de recursos y la acción popular, sujetas ambas, a requisitos de procedencia y trámite.

Bajo estas mismas condiciones, en los inicios de México del siglo xx se promulgaron la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas y Municipales del Estado de México (1909), y la Ley Orgánica, hasta llegar a la promulgación de la Ley Orgánica para la Elección de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Jueces Conciliadores de 1951.

Ordenamiento de la mayor importancia porque aquí se agregan novedosamente las causas de nulidad de una elección en razón de violación a los requisitos de elegibilidad, y se crea el Consejo de Revisión Municipal para el análisis de los expedientes de este tipo de elecciones.

A partir de los aciertos y defectos de la normatividad anterior, en el año de 1966 se publica una nueva Ley Electoral del Estado de México, en la que se incluye un capítulo de garantías y recursos, para establecer formalmente la existencia de un medio de impugnación como vía de reclamación jerárquica contra los actos de organismos electorales. Este régimen, salvo modificaciones mínimas, fue reiterado en la Ley Electoral de 1975.

La propia dinámica y evolución democrática, desembocó en una nueva reforma que motivó la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (1978), en la que bajo el título de lo Contencioso Electoral, se introduce la existencia de cuatro recursos, regulándose con mayor técnica legislativa los supuestos de su procedencia y los organismos ante quien procede su ejercicio.

Hasta estos momentos, en el Estado de México las responsabilidades del sistema de lo contencioso electoral, eran asumidas por un órgano político. Por lo tanto, la tendencia para juzgar y calificar las elecciones era política.

Influenciados por las reformas a la Constitución General de la República y la expedición del Código Federal Electoral de 1987, que dieron pauta para crear la figura de un Tribunal Electoral encargado de tramitar y resolver las inconformidades en materia electoral, en el año de 1990, se estableció en la Constitución Política Local un sistema de medios de impugnación de los que conociera un Tribunal Electoral de carácter autónomo.

En consecuencia, se reformó también la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de México, para reglamentar la organización, atribuciones y funcionamiento de dicho Tribunal, con la característica de ser autónomo y dotado de jurisdicción para conocer y resolver los distintos medios de impugnación que se dieran con motivo de los procesos electorales.

La creación de este Tribunal, además de que constituía un medio para garantizar a ciudadanos y partidos políticos el estricto cumplimiento de las normas electorales, con el propósito de consolidar el ambiente democrático, detonó un avance sustancial en favor de la legalidad y el fortalecimiento del estado de derecho en nuestra entidad.

Con la experiencia adquirida a partir de estas reformas legislativas al marco electoral, de manera muy destacada con las modificaciones registradas en el ordenamiento de 1990, cristalizó la revisión integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de 1995, lo que permitió consolidar la expedición del Código Electoral del Estado de México un año después.

De manera muy puntual, en la consolidación del aparato de justicia electoral que nos rige y que encuentra su base en el Título Segundo, artículo decimotercero de nuestra Constitución particular, referente a los principios Constitucionales, los Derechos Humanos y sus Garantías.

Artículo 13.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen esta Constitución y la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

El Tribunal Electoral funcionará en Pleno, se integrará por cinco M