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SESIÓN PÚBLICA DEL 21 DE ABRIL DE 2018.

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En la sesión celebrada este día el Tribunal resolvió 6 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local y 1 Recurso de Apelación, en los siguientes términos:

En el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/86/2018, Juritzi Jhosselin López Oropeza síndica municipal de Jaltenco, Estado de México, impugnó del Presidente y del Tesorero del municipio de referencia, la omisión de pagarle diversas dietas. En la ejecutoria se determinó declarar fundado el agravio aducido por la actora, por lo que ordenó a las autoridades responsables, entregarle las dietas impugnadas. Asimismo, se ordenó a las responsables abstenerse de cometer violencia política de género en contra de la actora.

En el expediente JDLC/88/2018, ciudadanos que resultaron electos el pasado 8 de febrero en la Asamblea Municipal celebrada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, impugnaron la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de ese instituto político que anuló la asamblea citada. En la ejecutoria, se determinó revocar la resolución impugnada, en razón de que, como lo afirmaron los promoventes, las pruebas aportadas por quienes impugnaron en primera instancia, resultan insuficientes para acreditar las infracciones que señalaron. En tal virtud, se confirmaron los resultados obtenidos en la Asamblea municipal referida y se ordenó conforme a los resultados de la insaculación, realizar las modificaciones al registro de candidaturas del citado municipio.

En el juicio ciudadano local JDCL/90/2018, José Luis Gutiérrez Cureño impugnó la resolución emitida en el expediente CNHJ-MEX-247/2018, mediante la cual se desechó el medio de impugnación que interpuso ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido político MORENA. En la sentencia aprobada la y los magistrados determinaron revocar el acto combatido, porque la determinación de desechar el medio de impugnación no estaba fundado y motivado; por tal razón, ordenó a la autoridad responsable resolviera la controversia planteada por el ciudadano actor.

En los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/95/2018 y JDCL/96/2018, acumulados, Roberto Miranda Gómez, precandidato a diputado local por el Distrito XVI y Patricia Flores Fuentes, precandidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ambos, del Partido Acción Nacional, impugnaron la omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de citado instituto político, de sesionar y publicar el acuerdo de designación de candidaturas a los cargos de integrantes de los ayuntamientos y diputados por ambos principios. En la resolución se determinó desechar los medios de impugnación, en virtud de que la omisión alegada dejó de existir, derivado de que, el Presidente del PAN, emitió las providencias contenidas en el oficio número SG/301/2018.

En relación al expediente JDCL/101/2018, Miguel Ángel Meza Salinas, aspirante a candidato Independiente a diputado local por el distrito electoral número 24, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, impugnó un oficio emitido por la Presidenta del Consejo Distrital Electoral del citado distrito, por el cual declaró precluido el derecho de garantía de audiencia en relación a la revisión de apoyo ciudadano que debía reunir. En la resolución aprobada, el Pleno determinó que resultaba fundado el agravio planteado por el actor, en razón de que, de las pruebas aportadas se acreditó que la autoridad responsable no le hizo saber al actor de manera pormenorizada, la causa por la que concluyó que el ciudadano no alcanzó el porcentaje requerido de apoyo ciudadano. Por lo tanto se revocó el oficio impugnado, y se ordenó a la autoridad responsable otorgar garantía de audiencia al ciudadano promovente.

En el Recurso de Apelación RA/17/2018, el PAN impugnó el acuerdo IEEM/CG//056/20187, por el cual dio respuesta a la consulta realizada por el partido político en cita, por el que preguntó: “¿Qué actividades, declaraciones, expresiones y acciones están permitidas a quienes a su vez son servidores públicos y candidatos, durante la campaña electoral?” y “¿En qué días y horarios podrán desarrollar sus actos de campaña?”. En la resolución aprobada, la y los magistrados determinaron confirmar el acuerdo combatido, en razón de que, si bien la autoridad responsable debe dar respuesta a consultas formuladas por los partidos políticos, en la misma, no puede emitir disposiciones generales y abstractas que vinculen a todos participes de un proceso electoral; puesto que esta determinación corresponde, conforme al principio de reserva legal, al Congreso del estado. Por lo tanto, el Tribunal coincidió con los argumentos emitidos por el Consejo General en el acuerdo combatido, al indicar que los servidores públicos que aspiren a una elección consecutiva deberán observar la ley y los criterios jurisprudenciales emitidos hasta la fecha.