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México, a 8 de julio de 2020.

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En el marco del Programa Anual de Trabajo 2020 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, se llevó a cabo el Encuentro Virtual “Los beneficios de las reformas en materia de género al Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en el Estado de México”, en el que participaron:

Mtro. en D. Raúl Flores Bernal, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México.

Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México y Presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM).

Lcda. Melissa Estefanía Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México (CEMYBS).

Mtra. en D. Leticia Victoria Tavira, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México.

Lcda. Sandra López Bringas, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México.

Mtro. en J.O. y S.A. Alejandro Rodríguez Martínez, Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales del Estado de México.

Lcda. en D. Martha Patricia Tovar Pescador, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México.

Mtra. Berenice García Huante, Analista y Consultora en Materia Electoral y Constitucional.


Las y el ponente participantes en el encuentro, coincidieron en que la reciente reforma publicada el 13 de abril en el Diario Oficial de Federación, es una reforma integral, necesaria para armonizar los diversos esfuerzos institucionales tendientes a atender los casos de violencia política contra las mujeres y se tenga una actuación eficaz y conjunta para prevenir y sancionar esta problemática social.

Varios aspectos de la reforma tendrán impacto en diversas leyes de nuestra entidad que dará origen a una armonización legislativa local, en materia de paridad y violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por lo que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, tendrá que realizar las adecuaciones al Protocolo, con la finalidad de que continúe siendo un instrumento que oriente a las autoridades en la materia y guíe a la ciudadanía que requiera protección por conductas que constituyan violencia política contras las mujeres por razón de género.

Dentro de la relatoría se destaca que:

La importancia de dicha reforma, otorga diversas competencias en especial a las autoridades electorales para atender con mayor eficiencia los casos de violencia política contra de las mujeres por razón de género, mediante las siguientes consideraciones: la definición precisa de violencia política contra las mujeres por razón de género; la competencia de los OPLES y los Tribunales Electorales Locales, para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de órdenes de protección; la previsión como requisito de elegibilidad, el no haber sido condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género para la postulación a una Diputación o a una Senaduría; un catálogo de medidas de reparación integral; la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y del Procedimiento Especial Sancionador, para conductas que estimen actualizan violencia política en contra de las mujeres por razón de género y, finalmente, la tipificación como delito electoral de la violencia política contra las mujeres por razón de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.